Euskadi es un país en marcha, no es un país parado.

No somos una sociedad estancada, sino una sociedad en movimiento y tendremos ocasión de analizar con más detalle, en la segunda parte de mi intervención, el proceso de debate y de participación social que se ha suscitado en torno a la Propuesta para la Convivencia presentada para dar respuesta a la voluntad de cambio de la sociedad vasca, pero nadie puede negar la evidencia de que la Propuesta presentada ha abierto definitivamente un nuevo tiempo político y social y se ha constituido en el eje central sobre el que está girando, y va a girar en un futuro, la estrategia de todos los actores políticos, tanto en Euskadi como en el ámbito estatal.

Desgraciadamente, la persistencia de la violencia de ETA es una dramática constante en los últimos cuarenta años, excepción hecha del paréntesis de tregua propiciado por el Pacto de Lizarra.

ETA sigue siendo el máximo exponente de la conculcación del más básico y elemental de los derechos humanos, el derecho a la vida, y por ello, suscita el rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad vasca, que le exige su desaparición definitiva.

La violencia de ETA es un cáncer que atenta contra la convivencia, destruye la vida de familias inocentes y daña terriblemente la imagen del Pueblo Vasco en el mundo.

ETA, posiblemente, siga desoyendo la voz de su pueblo y continúe provocando desde el punto de vista humano, dolor y sufrimiento. Pero es evidente que ha pasado la época en la que marcaba la agenda política y social de este País. La sociedad vasca apuesta por las vías políticas y democráticas para solucionar los conflictos. Hemos puesto encima de la mesa una propuesta política firme y seria, construida sobre la base del respeto a la voluntad del Pueblo Vasco, que va a contribuir decisivamente a cerrar las puertas de la violencia y a expulsar a ETA de nuestras vidas.

Desde esta perspectiva, la presentación de esta propuesta política abre una nueva etapa, la etapa post-ETA. ETA es consciente de ello, y ha aprovechado la notoriedad informativa de sus atentados para rechazar públicamente esta vía, porque sabe que avanzar en el proceso de normalización política supone acelerar su fin definitivo.

La catástrofe medioambiental del Prestige y la catástrofe humanitaria de la Guerra de Irak, han sido dos graves acontecimientos que están unidos por un nexo común: son los dos ejemplos más significativos del enorme abismo y del divorcio existente entre la sociedad vasca y el Gobierno español.

El primer caso se ha convertido en la mayor catástrofe ecológica que ha afectado a la costa atlántica europea por la decisión negligente de un Gobierno central que ha adoptado una actitud displicente, lejana y prepotente, más propia de una época ya pasada que de un gobierno serio y responsable.       
Ante esta actitud de ineficacia, el propio Gobierno Vasco y nuestros arrantzales hemos tenido que ponernos manos a la obra para limpiar nuestras playas y nuestras costas.    
Nadie nos ha resarcido aún de los más de 40 millones de euros que, hasta el 30 de junio, el Gobierno Vasco ha tenido que adelantar para hacer frente a los gastos de limpieza. Cifra que, evidentemente, se verá incrementada.

Nadie se ha disculpado ante la sociedad vasca por el daño medioambiental producido y por las molestias causadas a los miles de personas que este verano se han acercado a nuestras playas. Pero, lo que es más grave aún, ningún responsable del Gobierno español ha sido capaz de informar con veracidad sobre los efectos de esta catástrofe y su incidencia en el futuro.

En cuanto al entusiasta apoyo del Gobierno español a la guerra contra Irak para la supuesta eliminación de unas armas de destrucción masiva que, dicho sea de paso, aún no han sido encontradas, sólo me cabe decir que esta decisión fué tomada de forma unilateral por el Partido Popular y el Sr. Aznar.

Quiero decir con claridad que fue una decisión ilegítima, injusta y errónea, que sigue provocando la muerte y el sufrimiento de miles de seres humanos. Simplemente constataré, que la decisión de apoyar la invasión de Irak se adoptó al margen de las Naciones Unidas, en contra de nuestros aliados europeos y en contra de la voluntad de la sociedad vasca y, por lo tanto, en relación con ella y sus efectos, ni nos sentimos entonces, ni nos sentimos ahora, representados por el Gobierno de España, tal y como notifiqué al Secretario General de Naciones Unidas, Sr. Kofi Annan.

El Gobierno del Partido Popular, bajo el disfraz de la "lucha antiterrorista" está ejecutando sistemáticamente una estrategia que supone el recorte de las libertades y un grave retroceso en la democracia.

Esta estrategia, impulsada por el Partido Popular con la cobertura inexplicable del Partido Socialista, al amparo del mal llamado "Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo", aleja todavía más las soluciones. La solución no es reducir la democracia, sino ampliarla.

La aprobación de la Ley de Partidos y la posterior ilegalización de Batasuna han traído como consecuencia, el recorte de la libertad de asociación y han impedido que miles de ciudadanos y ciudadanas vascas puedan ejercer libremente el derecho a votar a una opción política determinada. Lo cual no nos acerca, sino que nos aleja de la búsqueda de soluciones.

Además, la Ley de Partidos es una iniciativa rechazada por este Parlamento y por la propia sociedad vasca. En consecuencia, hemos procedido a recurrirla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no para defender a un determinado grupo político que, además, votó, en esta Cámara, en contra de presentar recurso ante el Constitucional, sino porque consideramos que, tanto la citada Ley, como la sentencia del Tribunal Constitucional que la avala, contravienen los derechos fundamentales recogidos en el Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos, y supone un recorte inaceptable de las libertades democráticas que preocupa profundamente a la sociedad vasca y que debiera preocupar, también a la sociedad española.

Por otro lado, la obediencia debida a la estrategia diseñada y ejecutada por el Partido Popular, se está llevando por delante la credibilidad de la sociedad vasca en uno de los pilares del sistema democrático español, esto es, la independencia y objetividad del poder judicial y, concretamente, del órgano de gobierno de los jueces en España, es decir del Consejo General del Poder Judicial.

El gravísimo conflicto institucional que el Tribunal Supremo ha abierto contra el Parlamento Vasco y la posterior querella presentada por el Fiscal General del Estado ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, contra el Presidente y parte de los miembros de la Mesa de este Parlamento, supera con mucho los límites de lo política, jurídica e institucionalmente imaginable. Hasta el punto de que esta iniciativa, incluso ha provocado el enfrentamiento y la desautorización del propio Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

Se trata de una muestra más de la creciente politización de la justicia y una prueba irrefutable de la cada vez más difusa separación de poderes existente en la democracia española, que no sólo es percibida por la sociedad vasca y por una parte de la sociedad española, sino también por el mundo. Así se pone de manifiesto en el estudio "Economic Freedom of the World 2003", elaborado por el Fraser Institute, en el que indica que España ha sufrido un significativo retroceso –nada menos que 14 puestos-en materia de libertad económica, desde que el PP gobierna con mayoría absoluta, debido, principalmente, a la cada vez menor independencia judicial.

Ante este estado de cosas, deseo trasladar públicamente, una vez más, mi rechazo más absoluto por lo que considero una injerencia injustificable del Poder Judicial en las atribuciones del Parlamento Vasco. Deseo, también, mostrar mi solidaridad y el apoyo de todo el Gobierno al Presidente de esta Cámara y a los miembros de la Mesa, acusados injustamente por el único delito de defender la soberanía y la autonomía de esta Institución, representante legítima de la voluntad de la sociedad vasca. Deseo hacer extensiva esta solidaridad y apoyo a todos los funcionarios y trabajadores de este Parlamento, que se han visto condicionados en su labor cotidiana, y cuya profesionalidad ha sido puesta en entredicho.

Esta actuación, con ser la más polémica, no ha sido la única. La modificación extraordinaria del código penal para ampliar hasta 40 años la pena por delitos de terrorismo,  supone el vestíbulo de la "cadena perpetua", en palabras de Gesto por la Paz. Esta decisión, junto a la creación del Juzgado Central de Vigilancia para controlar desde Madrid el cumplimiento íntegro de las condenas impuestas por la Audiencia Nacional, representa el fin de la política de reinserción, uno de los pilares del propio Pacto de Ajuria-Enea.

Por otro lado, el cierre del diario Egunakaria, seguido de graves acusaciones de malos tratos y torturas a su Director y a otras nueve personas, ha supuesto, más allá de una sospecha añadida de vulneración de los derechos humanos de las personas detenidas, una clara conculcación del derecho a la información y una actuación desmedida contra un medio de comunicación en euskera.

Todas estas actuaciones son sólo algunos de los ejemplos que están en la mente de todos y que constituyen eslabones de una pesada cadena que, bajo el disfraz de la seguridad y la lucha antiterrorista, está limitando gravemente la libertad y los derechos de las personas. Una cadena que se está construyendo en contra del posicionamiento mayoritario del Parlamento Vasco y de la voluntad de la sociedad vasca.

Las elecciones municipales y forales, celebradas el pasado 25 de mayo, estuvieron precedidas de una serie de circunstancias y connotaciones especiales que dan un valor singular a sus resultados.

El Partido Socialista y el Partido Popular, las habían presentado como una especie de muro de contención para hacer descarrilar, lo que ellos denominan, el "Plan Ibarretxe".

Se pretendía impedir –valiéndose, además, del hueco que en la Ley D’Hont dejaban los ilegalizados votos de Batasuna- que el cauce central de la sociedad vasca, representado por la coalición PNV-EA e Izquierda Unida, continuara avanzando.

Pues bien, la sociedad vasca aceptó el reto y respondió positivamente.

En primer lugar, la abstención, a pesar del escenario trufado de dificultades, fué la más baja de todas las elecciones municipales celebradas desde la caída de la dictadura. Un 71 % de los vascos fueron a votar.

En segundo lugar, las posiciones inmovilistas, que rechazan cualquier modificación de la situación actual, representadas por el Partido Popular, Unidad Alavesa y el Partido Socialista, obtuvieron un 37% del total de votos emitidos.

En tercer lugar, la coalición PNV-EA resultó vencedora en los tres Territorios Vascos. Por su parte, Izquierda Unida, el tercer socio del Gobierno, prácticamente duplicó sus resultados con respecto a las elecciones de 1999.

a)            Primera conclusión fundamental: La sociedad vasca apuesta por la convivencia.